El diputado federal Federico Döring Casar, vocero del PAN en la Cámara de Diputados, acusó al general en retiro Audomaro Martínez Zapata, exdirector general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de ser el presunto operador de una red de huachicol fiscal en la que, afirmó, estarían involucrados Andrés Manuel López Beltrán y Jorge Amílcar Olán Aparicio.
La acusación fue formulada después de que se conociera que Martínez Zapata firmó una resolución para reservar durante cinco años su declaración patrimonial y la de funcionarios del CNI. El documento fue fechado el 27 de septiembre de 2024, tres días antes de que concluyera el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Cuestionan reserva de la declaración patrimonial
La medida mantendrá fuera de consulta pública la información patrimonial hasta septiembre de 2029. La resolución sostiene que divulgar esos datos podría facilitar que integrantes de la delincuencia organizada identifiquen, amenacen o extorsionen a servidores públicos del centro de inteligencia para obtener información sobre sus operaciones.
Döring consideró que la reserva impide conocer la evolución patrimonial del exdirector del CNI y cuestionó que la decisión haya sido firmada personalmente por Martínez poco antes de dejar el cargo.
Señalamientos sobre el presunto huachicol fiscal
El legislador panista sostuvo que Martínez tuvo acceso a información privilegiada sobre operativos contra el contrabando de combustibles y que pudo haber utilizado ese conocimiento en beneficio propio. También afirmó que empresas vinculadas con familiares del exfuncionario habrían participado en actividades de importación y comercialización de combustibles.
Döring relacionó sus señalamientos con las acusaciones públicas que han involucrado a López Beltrán y a Olán Aparicio en una presunta red de huachicol fiscal. Sin embargo, las afirmaciones expuestas por el diputado corresponden a señalamientos políticos y no constituyen por sí mismas una resolución judicial sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.
El caso mantiene bajo escrutinio la reserva de declaraciones patrimoniales de funcionarios vinculados con áreas de inteligencia y seguridad, así como las denuncias políticas relacionadas con el contrabando de combustibles. La información sobre eventuales investigaciones o responsabilidades deberá ser determinada por las autoridades competentes.