Excomisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y especialistas en rendición de cuentas cuestionaron la decisión de mantener bajo reserva la declaración patrimonial y de intereses del almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, hasta el 1 de enero de 2030.
La reserva fue justificada con argumentos relacionados con la seguridad nacional, la seguridad pública y la defensa nacional. Sin embargo, los expertos señalaron que la legislación establece la existencia de versiones públicas de las declaraciones patrimoniales, con protección para los datos personales y la información que pudiera poner en riesgo a una persona.
Cuestionan el argumento de seguridad nacional
Julieta del Río Venegas, excomisionada del Inai, sostuvo que el hecho de haber encabezado la Secretaría de Marina no exime a Ojeda Durán de transparentar sus ingresos y patrimonio como servidor público. También cuestionó cuál sería el daño real y demostrable para la seguridad nacional por conocer su sueldo o las propiedades reportadas.
La excomisionada señaló que la Ley General de Transparencia contempla la elaboración de versiones públicas de las declaraciones patrimoniales. Desde su perspectiva, reservar por completo esa información afecta el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas.
La reserva alcanza declaraciones de personal naval
La Secretaría de Marina registró en su índice de expedientes reservados una clasificación relacionada con la información de declaraciones patrimoniales del cuarto trimestre de 2024. El expediente fue clasificado el 1 de enero de 2025 por un periodo de cinco años, con el argumento de que la difusión de información sensible del personal militar podría comprometer la seguridad nacional y la seguridad pública.
La medida abarca a personal naval que causó alta o baja durante ese periodo. En el caso de Ojeda Durán, la información disponible en la plataforma DeclaraNet indica que sus declaraciones patrimonial y de intereses permanecen reservadas hasta 2030.
Especialistas piden revisar la decisión
Adrián Alcalá Méndez, excomisionado presidente del Inai, consideró que Transparencia para el Pueblo deberá revisar si la decisión del Comité de Transparencia de la Marina se ajusta a la legislación. Recordó que las declaraciones patrimoniales y de intereses son instrumentos para vigilar la evolución del patrimonio de quienes ocupan cargos públicos.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, explicó que las declaraciones tienen una parte amplia, de acceso restringido para las autoridades competentes, y una versión pública que protege los datos personales. Por ello, advirtió que clasificar como reservada una versión pública podría contradecir las disposiciones de transparencia.
Los especialistas coincidieron en que la reserva impide conocer la evolución patrimonial del exsecretario de Marina y puede representar un retroceso en las obligaciones de rendición de cuentas aplicables a los servidores públicos.