La iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, presentada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, propone eliminar diversos cobros que actualmente pueden trasladarse a las personas que rentan una vivienda, como pólizas jurídicas, contratos elaborados por intermediarios y consultas de historial crediticio.
El proyecto fue turnado al Congreso capitalino para su análisis y eventual dictaminación. Mientras el proceso legislativo continúa, las disposiciones planteadas todavía no entran en vigor.
Propuesta para limitar gastos de intermediación
El artículo 23 de la iniciativa establece que los arrendadores no podrán exigir a los inquilinos el pago de servicios relacionados con la contratación de pólizas jurídicas, la elaboración del contrato por intermediarios o la consulta de antecedentes crediticios.
La propuesta también contempla prohibir procesos de selección o investigación de las personas arrendatarias que no estén estrictamente vinculados con su solvencia económica y que no hayan sido autorizados de manera expresa. Además, busca evitar que se trasladen al inquilino otros costos asociados con la intermediación o formalización del arrendamiento.
Reglas para la renovación de contratos
El artículo 19 plantea que, cuando un arrendador ofrezca renovar el contrato con un monto superior al permitido, la persona inquilina pueda optar por pagar la última renta pactada más el porcentaje de inflación.
El pago podría realizarse mediante la vía establecida en el contrato o por consignación ante el juzgado correspondiente, de acuerdo con los términos de la iniciativa.
El proyecto sigue en revisión legislativa
El Congreso de la Ciudad de México informó que la propuesta forma parte de un proceso de Parlamento Abierto, mediante el cual la ciudadanía puede conocer el contenido de las iniciativas y presentar observaciones antes de que las comisiones elaboren los dictámenes correspondientes.
La iniciativa forma parte de las medidas impulsadas por el Gobierno capitalino para establecer reglas en las relaciones entre arrendadores e inquilinos y fortalecer el acceso a una vivienda asequible. Su aprobación, modificación o rechazo dependerá del proceso de análisis y discusión en el Congreso local.