México recuperó hasta septiembre de 2026 alrededor de 48 mil millones de pesos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) relacionado con el contrabando de combustibles registrado durante 2025, informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del miércoles 21 de octubre en Palacio Nacional.
La mandataria explicó que el año pasado se habría dejado de pagar por ese concepto cerca de 61 mil millones de pesos. Para enfrentar el huachicol fiscal, el Gobierno federal estableció un esquema de vigilancia que revisa la cadena de suministro desde la importación hasta la venta en estaciones de servicio.
Centro de Monitoreo de Combustible
El Centro de Monitoreo de Combustible funciona con información vinculada del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y otras instituciones. La herramienta permite revisar permisos de importación, volúmenes declarados, tanques, ferrotanques y buques que ingresan al país.
Además, las autoridades mexicanas mantienen coordinación con su contraparte en Estados Unidos para comparar los embarques de combustible que salen de ese país con los volúmenes que llegan a México. Cuando se detectan irregularidades, se realizan inspecciones, se abren procedimientos administrativos y, cuando corresponde, se presentan denuncias penales.
Dos mecanismos para evadir el IEPS
Sheinbaum señaló que las autoridades han identificado dos formas principales de evadir el pago del impuesto. Una consiste en declarar el combustible como si fuera otro material; la segunda, en reportar cantidades menores a las realmente importadas para reducir la carga fiscal.
La presidenta también advirtió sobre el uso de empresas comercializadoras y factureras para generar diferencias entre los volúmenes importados, distribuidos y vendidos. Por ello, el Gobierno analiza posibles cambios legales para reducir los riesgos asociados con la intermediación y fortalecer la importación directa mediante empresas de transporte.
Inspecciones, cancelaciones y denuncias
La estrategia contempla acciones contra distintos participantes de la cadena, incluidos responsables de importación, distribuidores y estaciones de servicio. La presidenta afirmó que algunas gasolineras han sido canceladas y que también se han dado de baja registros fiscales relacionados con operaciones irregulares.
En las acciones participan, entre otras dependencias, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía, el SAT, la ANAM y la Fiscalía General de la República. De acuerdo con el Gobierno federal, el objetivo es detectar las irregularidades antes de que el combustible llegue a las etapas de comercialización y expendio.
También vigilan el robo a ductos
La presidenta indicó que, además del contrabando de combustibles, se mantiene el seguimiento al robo tradicional en ductos de Pemex. Aseguró que la empresa desarrolla un proceso de modernización para reforzar la vigilancia durante la refinación, importación, distribución y venta de petrolíferos.
El Gobierno federal prevé continuar con el monitoreo de la cadena energética y evaluar ajustes normativos para mejorar la trazabilidad del combustible y proteger los ingresos públicos.