La Fiscalía General de la República (FGR) inició 8 mil 145 carpetas de investigación por lavado de dinero entre 2006 y 2026, pero sólo consiguió 17 sentencias condenatorias irrevocables, una proporción equivalente a 0.2 por ciento del total.
El balance abarca los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y los dos primeros años de la administración de Claudia Sheinbaum. Las cifras muestran que la baja proporción de condenas firmes se mantuvo durante distintos sexenios, sin importar el partido en el poder.
Diferencias entre los gobiernos
Durante el gobierno de Felipe Calderón se reportaron nueve sentencias condenatorias irrevocables por este delito. En el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron tres, mientras que en la administración de Andrés Manuel López Obrador se contabilizaron cinco.
En los dos primeros años del gobierno de Claudia Sheinbaum no se habían reportado sentencias condenatorias irrevocables, aunque sí se obtuvieron resoluciones favorables en primera instancia que todavía podían ser impugnadas.
El caso de Zhenli Ye Gon no se suma al conteo
Uno de los fallos recientes más relevantes corresponde al empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, quien recibió en julio de 2026 una pena de 15 años y un día de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de una multa.
Sin embargo, la resolución no se incorpora al grupo de 17 sentencias firmes porque la defensa interpuso recursos de apelación. Mientras esos recursos continúen en trámite, el fallo no puede considerarse irrevocable.
Qué establece la legislación
En México, el lavado de dinero se denomina legalmente operaciones con recursos de procedencia ilícita y está previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. La norma sanciona, entre otras conductas, adquirir, administrar, custodiar, transportar o transferir bienes o recursos cuando se conoce que provienen de una actividad ilícita.
El marco legal contempla penas de prisión y multas, además de agravantes para determinados servidores públicos y personas vinculadas con instituciones sujetas a controles de prevención financiera.
Condenas concentradas en operadores
De las 17 resoluciones condenatorias analizadas, ocho estuvieron relacionadas con integrantes de organizaciones criminales como los cárteles de Sinaloa, del Milenio, del Golfo, de los Arellano Félix, de Juárez, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.
La mayoría de los sentenciados ocupaba posiciones operativas dentro de esas estructuras. Entre las conductas documentadas se encuentran el traslado de dinero en compartimentos ocultos, maletas o contenedores de tráileres, tanto dentro del país como hacia el extranjero.
Entre los casos mencionados se encuentran las condenas contra Vicente Carrillo Leyva, Ivonne Soto Vega y tres integrantes de Los Zetas, incluido Óscar Omar Treviño Morales, alias El Z-42.
Procesos prolongados y sentencias menores
Aunque el artículo 400 Bis contempla penas que pueden llegar hasta 30 años de prisión en determinados supuestos, 15 de las 17 condenas firmes analizadas fueron de entre cinco y siete años. En otro caso se impusieron 18 años y en uno más, 60 años por reincidencia.
La diferencia entre una sentencia dictada y una sentencia irrevocable es relevante: los procesos pueden extenderse durante años debido a apelaciones y otros recursos legales. Por ello, el conteo considera únicamente resoluciones que ya no pueden ser impugnadas.
Organismos internacionales han estimado que los grupos criminales mexicanos blanquean miles de millones de dólares cada año. También han advertido sobre el uso creciente de criptomonedas y herramientas digitales para ocultar el origen de recursos ilícitos, mientras el bajo número de condenas firmes continúa contrastando con el volumen de investigaciones iniciadas.