La Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua César Gustavo Jáuregui Moreno y el exfiscal de Operaciones Estratégicas Guillermo Arturo Zuany Portillo, por su presunta responsabilidad en irregularidades relacionadas con un operativo antidrogas realizado en la comunidad de El Pinal, en la sierra de Chihuahua. Jáuregui fue detenido el 17 de octubre de 2026, mientras que Zuany permanece prófugo.
La investigación federal señala que ambos exfuncionarios habrían coordinado o permitido la participación de personas extranjeras en el despliegue, sin contar con las autorizaciones correspondientes y en contravención de los lineamientos aplicables en materia de seguridad nacional.
El operativo tuvo como objetivo desmantelar un presunto narcolaboratorio en El Pinal. De acuerdo con la orden judicial, durante los hechos se ocultó la presencia de agentes estadounidenses y posteriormente fallecieron dos ciudadanos de esa nacionalidad cuando viajaban a bordo de una unidad oficial de la Fiscalía estatal.
Los delitos atribuidos
La resolución judicial atribuye a Jáuregui los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. A Zuany también se le señala por ejercicio ilegal del servicio público y por falsedad ante autoridades con penalidad agravada, según los antecedentes difundidos sobre la causa penal.
La autoridad judicial consideró que la libertad de los imputados podría representar un riesgo para la investigación, debido a sus vínculos institucionales y a la posibilidad de que se obstruyeran las indagatorias relacionadas con la operación y la participación de agentes extranjeros.
En el caso de Jáuregui, la captura fue ejecutada por autoridades de Chihuahua. La Fiscalía estatal mantiene la búsqueda de Zuany Portillo para cumplir el mandamiento judicial emitido dentro de la misma investigación.
Investigación sobre la operación en Chihuahua
El caso se originó por el operativo efectuado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la sierra de Chihuahua. La investigación busca determinar cómo se organizó la acción, qué autoridades tuvieron conocimiento de la presencia extranjera y si se incumplieron protocolos de coordinación y seguridad nacional.
La orden de captura no constituye una sentencia. Jáuregui y Zuany deberán enfrentar el proceso correspondiente, durante el cual se determinará su situación jurídica y la validez de las acusaciones formuladas por las autoridades.